El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la línea de 2.500 millones de avales públicos de hipoteca para jóvenes y familias con menores a cargo. El siguiente paso, una vez aprobadas las condiciones, será la firma de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). A partir de ese momento y hasta finales de 2025 podrán pedir los avales los potenciales beneficiarios, aunque se contempla la posibilidad de prorrogar la medida hasta dos años más. El acuerdo ha aflorado discrepancias entre los dos socios del Ejecutivo. Sumar considera que la política de vivienda “debería priorizar” otros aspectos y ha remarcado las condiciones que ha puesto para acordar la nueva línea. Una es que, además del límite de ingresos por hogar que se contempla, se fije un límite patrimonial que será de 100.000 euros. Además aseguran que quieren llevar a las deliberaciones del Ejecutivo la posibilidad de prohibir la venta de casas en mercados tensionados si estas no se van a destinar a residencia habitual del comprador.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha recordado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva línea de avales, anunciada el pasado mayo, “forma parte del acuerdo de Gobierno de coalición” que PSOE y Sumar firmaron el pasado octubre. Y ha asegurado que el Estado avalará a quienes no pueden acceder a una hipoteca porque, siendo solventes, no tienen los ahorros necesarios, “igual que en la pandemia avaló a empresas o autónomos”. Y ha insistido en la necesidad de una pluralidad de políticas para resolver los problemas de acceso a la vivienda. De hecho, el Ejecutivo defiende que, ampliando la capacidad de acceso a una hipoteca, se “esponjará” el mercado de alquiler en ciudades donde es más caro arrendar que comprar, pero las dificultades para lograr un préstamo crean una presión adicional sobre el mercado de alquileres.